¿No basta con los disparos al aire?
La banda terrorista ETA ha advertido disparando siete tiros al aire de que no va a dejar las armas hasta que consiga la independencia y la fundación de un Estado socialista en el País Vasco, Navarra y el sur de Francia. Tres encapuchados, con fusiles de asalto, han leído un comunicado de la banda asesina aprovechando el medio año de la entrada en vigor de la tregua trampa y la celebración del ‘día del soldado vasco’. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no considera suficiente este salto cualitativo para romper el proceso de negociación con los terroristas:
1. ¿Hay algún español, al margen de Rodríguez Zapatero y sus acólitos en el gobierno y el PSOE, que no crea que el uso de las armas ha estado, está y va a estar ligado a los encapuchados de ETA tal y como se han encargado de destacar en su última aparición en el monte de Oyarzun?
2. ¿Considera el presidente del gobierno que sólo un asesinato de ETA va a romper su idea de negociar con los terroristas y los acuerdos hasta ahora prefijados?
3. ¿Sólo saben asegurar el presidente del gobierno y su Ministro del Interior de forma vacía y retórica y ante un desafío etarra de esta naturaleza y envergadura que ‘la violencia es incompatible con la democracia?
4. ¿Cuando aseguran Zapatero, Rubalcaba o Blanco que ‘la violencia es incompatible con la democracia’ están asumiendo que el gobierno de Felipe González, que financió y amparó el terrorismo de Estado de los GAL entre 1983 y 1987, ha sido el único ejecutivo antidemocrático en la historia reciente de España?
5. ¿Va a explicar el presidente del gobierno la incapacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener a tres etarras que son capaces de convocar a miles de violentos a plena luz del día, presentarse armados y hacer un acto de apología del terrorismo que no puede ser más claro, más infame y más humillante para la democracia española?
7J: las lecciones que España no ha aprendido
Más de un año después de la masacre, el Ministerio del Interior de Reino Unido, la justicia londinense y el Comité de Inteligencia y Seguridad de la Cámara de los Comunes mantienen una actitud abierta y crítica frente a la investigación del 7J que contrasta con la voluntad en España de distintos sectores políticos, judiciales y mediáticos de presentar como definitivas e indubitadas las conclusiones provisionales de una indagación oficial, la del 11M, que hasta la fecha apuntala de manera insuficiente y fallida su autoría material e intelectual.
Al contrario que en nuestro país, donde sigue siendo una incógnita quién ordenó los atentados, cuándo lo hizo y desde dónde, quién los diseñó y planificó y quiénes los ejecutaron, las autoridades británicas han mostrado un celo y una perseverancia extraordinarios por despejar desde las grandes preguntas hasta los pequeños interrogantes que rodean el asesinato en masa de 52 inocentes; y lo están haciendo no sólo con una necesaria vocación punitiva sino esencialmente con un acertado enfoque preventivo, con la obsesión de evitar que los cabos sueltos del 7J faciliten un futuro atentado.
En sentido opuesto a las tesis que recorren el auto de procesamiento del 11M, que subraya de manera insuficientemente justificada el verano de 2003 como fecha en la que cobra fuerza la idea de atentar contra España estableciendo una relación simple y directa con la visibilidad del gabinete Aznar en la crisis de Irak, la investigación británica apunta que los dos coordinadores de la operación, Mohamed Sidique Khan y Shezhad Tanweer, probablemente comenzaron a planear el ataque después de una visita a Pakistán entre el 19 de noviembre de 2004 y el 8 de febrero de 2005. Sin embargo, aún hoy se mantiene la cautela para certificar si ‘la decisión de golpear’ había sido tomada antes de un viaje que podría haberse completado, puntualmente, para cerrar los detalles logísticos y operativos. Únicamente se da por verificado con exactitud que la primera compra de material para montar las bombas data del 31 de marzo anterior a la masacre y del 28 de junio la visita exploratoria a Londres a la que no se sumó el cuarto suicida, el introvertido Habib Hussain.
Mientras que en el caso de Atocha se pretende cerrar la responsabilidad fáctica del atentado sin identificar a una decena de yihadistas, elementos descontrolados de terceras redes terroristas o delincuentes comunes que colocaron mochilas en los trenes, Reino Unido sigue investigando la presencia de un potencial quinto suicida aún sin identificar que habría completado el recorrido entre Luton y Londres. Las fuerzas especiales de la policía británica continúan preguntándose por los motivos que llevaron a los cuatro terroristas a dejar deliberadamente en el piso del coche alquilado y utilizado para llegar hasta la capital, un Nissan Micra, no sólo documentos de identidad con los que poder ser identificados rápidamente como mártires sino una apreciable cantidad de metralla y explosivos, además del compuesto químico casero utilizado para la fabricación de los artefactos.
Si hay una ecuación paralela de ambas investigaciones cuya resolución contrasta de forma alarmante es la vigilancia previa de los islamistas de Madrid y Londres. En España ha destacado de forma preocupante la obstinación de los investigadores por esquivar la responsabilidad por inacción, negligencia o incompetencia de determinados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, habida cuenta de que de los 40 implicados en la masacre, 34 habían estado bajo seguimiento en algún momento, así como sus nombres y localización habían sido conocidos. Las autoridades británicas, por el contrario, admiten su fracaso parcial por no ser capaces de valorar un año antes de la matanza las potencialidades para la planificación de atentados de Shezad Tanweer y el cabecilla Sidiqe Khan, éste último rastreado como integrante de una red neosalafista periférica asociada al máximo responsable del aparato informático de Al Qaeda, Mohamed Noor Khan.
La escasez de autocrítica con la que se insertan en el auto del juez Del Olmo las reivindicaciones de la masacre se oponen a la cadena de interrogantes de la que siguen tirando las autoridades londinenses después de obtener ingente material escrito y audiovisual del entorno de los cuatro yihadistas suicidados. En el caso de la Operación trenes de la muerte, el mensaje enviado vía Internet al diario Al Quds Al Arabi firmado por las Brigadas Abu Hafs Al Masri el 11 de marzo, la cinta difundida por el portavoz militar de Al Qaeda en Europa el 13 de marzo, el documento remitido al diario Al Hayat sellado de nuevo por las Brigadas Abu Hafs al Masri el 17 de marzo, el manuscrito remitido vía fax al diario ABC el 3 de abril en nombre de las Brigadas Al Mufti y el vídeo localizado en el piso franco de Leganés han sido presentados como pruebas irrefutables de la huella no sólo inspiradora sino parcialmente operativa de Al Qaeda. En cambio, los investigadores británicos han mostrado su impotencia hasta hoy para hallar evidencias definitivas del control por la organización de Bin Laden del 7J. Y han adoptado esta posición a pesar de que Sidique Khan, el coordinador de la célula dejó grabado un vídeo emitido el 1 de septiembre de 2005 por Al Yazira en el que justificó la matanza en nombre de la Organización Secreta de Al Qaeda en Europa como respuesta a las atrocidades de Occidente contra los musulmanes, a pesar de que ese largo testamento fue editado por el aparato mediático del movimiento yihadista globalizado junto a un segundo mensaje de Ayman Al Zawahiri y a pesar de que el propio nº2 de Al Qaeda reclamó la ‘dirección de los atentados’ en una nueva soflama emitida el posterior 19 de septiembre.
Respecto a la autoría intelectual, el juez Del Olmo la atribuye en una actitud sorprendente a un documento de inspiración estratégica, Iraqi Yihad: Hopes and Thoughts (‘La yihad iraquí: esperanzas y pensamientos’), desistiendo y renunciando a la identificación del terrorista que fijó las coordenadas exactas de la masacre. Por el contrario, Reino Unido sigue indagando en la búsqueda de un yihadista de relieve que habría abandonado el país horas antes del atentado después de haber preestablecido cada uno de los detalles para completarlo con éxito. De la misma manera se sospecha que el viaje a Pakistán del invierno de 2005 en el que Khan y Tanweer alcanzaron el entrenamiento óptimo puede esconder la figura dentro de la internacional yihadista que desde Karachi, Lahore, Quetta o Islamabad pudo ordenar y orquestar la misión desde su primera a su última fase. En paralelo se persigue el rastro reconocido por varios testigos de un musulmán que hablaba urdú y que acompañó a los dos suicidas principales en junio de 2005 a una escapada para practicar deportes de alto riesgo en el norte de Galés y que, posteriormente, desapareció del radar de la inteligencia.
Llama visiblemente la atención el modo en que el auto del 11M hace un injustificado y errático énfasis en la elección de España como blanco de ataque por la participación de su gobierno en la ofensiva diplomática para sacar al tirano Sadam Husein del poder. El Comité de Seguridad e Inteligencia de la Cámara de los Comunes, desde un enfoque más profundo, más complejo y menos simplificador entiende que los yihadistas tenían el 7 de julio de 2005 la misma motivación que pueden tener los que están hoy tramando nuevos golpes. Ni la coincidencia de la matanza con la cumbre del G8 en el enclave escocés de Gleneagles, ni con la elección de Londres como sede para los Juegos Olímpicos de 2012, ni con la puesta a disposición judicial del clérigo neosalafista Abu Hamza Al Masri, ni siquiera la implicación a nivel militar del gabinete Blair en la crisis de
Irak se consideran factores determinantes que impulsaron a los terroristas: su odio por las sociedades abiertas y libres era más potente que esta serie de ‘razones de oportunidad’.
Más allá de la investigación del 11M, el actual gobierno socialista, entonces en la oposición, acusó al ejecutivo de Aznar de practicar una gestión de alertas en la lucha contra el terrorismo islamista que pivotaba sobre la ocultación de los informes que la Unidad Central de Información Exterior de la Policía Nacional, la Unidad Central Especial de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia que apuntaban hacia una escalada de la amenaza doméstica. El MI5 ha filtrado deliberadamente que mientras los yihadistas bajo sospecha el 11 de septiembre de 2001 eran 250, el 7 de julio ya sumaban 800 y hoy podrían alcanzar los 900. Una estimación pública de esta naturaleza, que sigue sin ser facilitada por el Ministerio del Interior, haría comprender a la opinión pública española que la ausencia de tropas en Irak y la desafortunada ruptura de la alianza estratégica con Estados Unidos tiene una repercusión nula en la variación del riesgo de atentados yihadistas en nuestro territorio. Más bien al contrario.
Casi dos años y medio después de la matanza de Atocha encontramos un factor que se consolida y que puede aumentar nuestra vulnerabilidad de forma flagrante. La gran amenaza que hoy afronta España deriva de la conexión directa y potente entre las redes que operan en Irak y las que lo hacen en Europa. Estados Unidos y Reino Unido son los dos únicos actores internacionales que amasan la suficiente capacidad operativa para obtener información cruda en suelo iraquí y convertirla en análisis elaborados y explotados para desarticular tramas yihadistas en suelo europeo y desbaratar eventuales atentados en distintas fases de planificación. El gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero debería reflexionar sobre las consecuencias a corto y medio plazo que su relación ‘no privilegiada’ con las Administraciones Bush y Blair puede provocar en materia de intercambio de inteligencia. Los aparatos contraterroristas de Washington y Londres pueden tener la comprensible y humana tentación de compartir datos vitales en el combate del neosalafismo con aliados leales y no hacerlo con socios renegados. En el marco global de guerra contra el terror, una agenda de seguridad exterior apaciguadora y contemplativa puede convertirse en el gran talón de Aquiles de nuestra seguridad interior.
Por qué España sigue en la lista de Al Qaeda
Dos años y medio después del 11M, España ha sido incapaz de cerrar una investigación judicial que despeje la autoría material e intelectual de la masacre. Siguen sin ser identificados una decena de yihadistas, terroristas de terceras redes o delincuentes que colocaron las bombas en los trenes; sigue sin tener rostro el elemento que definió de forma exacta las coordenadas espaciales y temporales del atentado actuando por elevación de las tres células que coordinaban y dinamizaban Jamal Zougam, Jamal Ahmidan El Chino y Serhane El Tunecino.
Durante este tiempo ha trascendido, sin embargo, que el aumento de la visibilidad diplomática del gabinete Aznar en la crisis que precedió a la operación Libertad Iraquí y la presencia de tropas españolas en el corazón de Oriente Medio fueron en realidad motivaciones coyunturales y de oportunidad explotadas por los terroristas para acelerar sus planes de ataque y orientadas a que la opinión pública española interpretara el significado y causas del atentado de la manera más acelerada, simple y desfigurada posible.
Cinco años después del 11S hay una serie de factores estructurales que explican por qué España tiene motivos para pensar que aún hoy ocupa la parte alta de la lista del movimiento yihadista global. Y esto considerando que, a diferencia de los macroatentados contra Washington y Nueva York, la matanza de Atocha no se distingue por la presencia de la huella islamista en todas las fases de su planificación: la pista neosalafista por sí sola no cierra un relato criminal de los hechos aún hoy incompleto.
Al Qaeda ha legado como herencia a sus organizaciones, grupos y células satélites una ideología absolutista que propugna el odio a todo sistema democrático de libertades, a aquellos Estados que están integrados en organizaciones intergubernamentales como la OTAN y Naciones Unidas y a los que mantienen relaciones de cooperación política, militar, económica o cultural con Estados Unidos e Israel, condiciones que reúne plenamente España. A eso hay que añadir que, de acuerdo con las tesis yihadistas, mantenemos una situación de usurpación y ocupación de Al Andalus, una referencia que en el imaginario colectivo islámico no evoca únicamente un espacio geográfico concreto sino que señala además la etapa de gran esplendor del Islam que debe ser recuperada a través de la aplicación permanente de la guerra santa.
Por otra parte, la situación de España como puerta de entrada principal a Europa para los musulmanes del Magreb y el enquistamiento económico de Marruecos, Argelia o Túnez está favoreciendo además los permanentes flujos sur-norte y la creación de bolsas de marginación a uno y otro lado del Estrecho que contribuyen a la propagación del yihadismo. Por encima de estas razones cardinales hay una serie de ventanas de oportunidad susceptibles de ser aprovechadas por el ‘universo Al Qaeda’:
En primer lugar, España ha demostrado que es vulnerable a este tipo de violencia. Los neosalafistas han buscado en el escenario post 11S atentados indiscriminados en Italia, Bélgica, Holanda, Alemania o Francia pero no lo han conseguido. Sólo Londres y Madrid han visto desmantelados y desbordados al menos en una fatídica ocasión todos sus filtros de defensa antiterrorista, por lo que es previsible que los islamistas sigan concentrándose en explotar aquí nuevos agujeros de seguridad añadidos a los ya descubiertos.
En segundo lugar, la potente ofensiva policial desatada contra las redes yihadistas asentadas en nuestro país, de gran resonancia y eficacia, ha generado un deseo de revancha entre los segmentos de la diáspora arabo-musulmana más radicalizados y politizados. De las 10 detenciones practicadas en 2002 se escaló hasta las 34 de 2003, las 131 de 2004 o las 92 del último año, una agresividad consecuente con la magnitud de la amenaza que, como efecto inmediato, contribuirá a la activación de células durmientes, la movilización, la captación y el reclutamiento de nuevos elementos para el ataque, terroristas de nuevo cuño no vinculados necesariamente a las estructuras del Grupo Islámico Combatiente Marroquí o el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate.
En tercer lugar, el hecho de que haya sido en España donde se ha perpetrado el primer atentado islamista de letalidad desproporcionada en la historia de Europa y se haya consumado la primera acción suicida representativa puede generar un efecto de fascinación y de contagio en una nueva generación de terroristas sin experiencia de combate en Chechenia, Bosnia o Afganistán pero que, operando al margen del radar de los servicios de información, absolutamente fascinados por la yihad y asistidos por Internet buscarán en el futuro emular la actuación que un complejo conglomerado de células marroquíes, argelinas y sirias, con terceros apoyos de signo aún hoy no descifrado, desarrollaron en marzo de 2004 con mucho éxito en relación a sus metas.
En cuarto lugar, el movimiento yihadista global sacó una conclusión del 11M de la que aún hoy se alardea en la Red en numerosas informaciones, análisis y opiniones vertidas en páginas y foros neosalafistas: ‘el terrorismo contra España funciona’. El islamismo militante había buscado con auténtica obsesión y de forma sistemática tumbar gobiernos -fuesen regímenes autoritarios o ejecutivos democráticamente elegidos- y frenar la política exterior de seguridad y defensa dirigida hacia Oriente Medio por Estados Unidos y sus aliados: esas dos metas fueron alcanzadas por primera vez en nuestro país. No hay motivos para pensar que los yihadistas, dada la creciente visibilidad militar de las tropas españolas en Afganistán y ahora en Líbano, no van a buscar un futuro atentado con un nuevo argumento de oportunidad, en este caso la retirada de los efectivos que operan en la región de Herat bajo el paraguas de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad o de los que se desplegarán en la frontera con Israel cumpliendo el mandato de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En quinto lugar, la investigación judicial del 11M no ha conseguido despejar con total claridad si los planificadores del ataque buscaban el estallido en Atocha de uno sólo de los trenes o si, por el contrario, el que hizo explosión en la calle Téllez estaba predestinado a confluir bajo el techo de la estación y, de manera conjunta, provocar un nivel de destrucción material, de muertos, mutilados y heridos extraordinariamente superior al generado. Algunos de los terroristas detenidos durante estos dos últimos años tenían precisamente la voluntad, más o menos vislumbrada y canalizada, de situar de nuevo Atocha como blanco de su violencia. Tal y como ocurrió en Estados Unidos en el caso del 11S, ensayado de manera limitada y frustrada en un primer golpe la mañana del 26 de febrero de 1993 por Khalid Sheik Mohamed y Ramzi Yousef, no es descartable que redes de yihadistas norteafricanos, hoy en libertad, conserven su obstinación para volver a la estación de trenes del centro de la capital y ‘completar el trabajo’ que no pudieron culminar de acuerdo a sus intenciones la mañana del 11 de marzo de 2004.
Por último, cinco años después del 11S y dada la nueva morfología y las nuevas coordenadas operativas hacia las que ha evolucionado el movimiento yihadista global desde esa fecha, encontramos un factor que se consolida y que puede aumentar nuestra vulnerabilidad de una forma flagrante y alarmante. La gran amenaza que hoy afrontamos deriva de la conexión directa y potente entre las redes que operan en Irak y las que lo hacen en Europa. Estados Unidos y Reino Unido son los dos únicos actores internacionales que amasan la suficiente capacidad táctica para obtener información cruda en suelo iraquí y convertirla en información elaborada y explot
ada para desarticular tramas yihadistas en suelo europeo y desbaratar eventuales atentados en distintas fases de planificación.
El gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero debería reflexionar sobre las consecuencias a corto y medio plazo que su relación ‘no privilegiada’ con las Administraciones Bush y Blair puede provocar en materia de intercambio de inteligencia. Los aparatos contraterroristas de Washington y Londres pueden tener la comprensible y humana tentación de compartir datos vitales en el combate del neosalafismo con aliados leales y no hacerlo con socios renegados. En el marco global de guerra contra el terror, una agenda de seguridad exterior apaciguadora y contemplativa puede convertirse en el gran talón de Aquiles de nuestra seguridad interior.




































