11M: respuesta antiterrorista fallida (1/2)
Hace ya casi 3 años, cuando el juez Del Olmo se disponía a cerrar el auto de procesamiento del 11M y coincidiendo con la presentación de mi libro Al Qaeda: raíces y metas del terror global, publiqué en el diario El Mundo una tribuna libre bajo el título “11M: la realidad de una investigación fallida”.
Era un 4 de mayo de 2006 y los peores presagios que entonces apuntaba y analizaba se han confirmado milimétricamente cuando se cumplen cinco años del más devastador mazazo terrorista en la historia de Europa:
Más de dos años después de la masacre, una investigación judicial repleta de lagunas que no es capaz de cerrar en el auto de procesamiento el relato criminal de los hechos ha servido para poner de manifiesto el derrumbe de las dos tesis fundamentales y fundacionales defendidas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde su intervención en la comisión parlamentaria del 11-M.La primera señalaba que nos encontrábamos ante una trama de exclusiva huella islamista desde su primera hasta su última fase de planificación, una teoría sesgada y desmontada por la contratación exterior de una parte del atentado a una red española de delincuentes comunes, una circunstancia completamente inédita y anormal en el modus operandi de las redes yihadistas infiltradas en suelo europeo. La segunda apuntaba a que nos situábamos desde un punto de vista operativo y orgánico ante un atentado de factura similar al 11-S.
La realidad hoy es que Estados Unidos ha despejado todos los interrogantes decisivos de los que España no tiene respuesta.Los estadounidenses conocen con certeza quién ordenó los atentados contra Washington y Nueva York, cuándo lo hizo y desde dónde, quién los diseñó y planificó, y quiénes los ejecutaron. Esa operación de destrucción en masa fue comandada por el propio Osama bin Laden, la idea nació en 1996, surgió en la madriguera principal de Al Qaeda en Afganistán, tuvo como ingeniero al kuwaití Khalid Sheik Mohamed -detenido en marzo de 2003 en Pakistán- y fue completada por una cuádruple célula suicida de 19 terroristas que, ensamblados por un yihadista meticuloso y carismático como Mohamed Atta, se dejaron la vida y la segaron a 2.948 personas en Washington, Nueva York y Pensilvania.
Los españoles, por el contrario, no manejan ni una sola de estas claves sobre la matanza de Atocha. La investigación judicial atribuye de forma desconcertante la autoría intelectual a un documento, Iraqi Yihad: Hopes and Thoughts (La yihad iraquí: esperanzas y pensamientos) que fue redactado como borrador en septiembre de 2003, pero que no fue publicado en la página electrónica de Global Islamic Media hasta el 8 de diciembre posterior, una fecha en la que la organización de la masacre se hallaba en una fase muy avanzada.
En todo caso, carece del menor rigor jurídico la asimilación simple y directa de un artículo de análisis que pudo servir como fuente de inspiración y orientación estratégica del atentado con la figura, aún hoy desconocida, del terrorista que fijó las coordenadas espaciales y temporales concretas de la operación: el hombre que decidió por qué atentar el 11 de marzo y no el 9, por qué hacerlo en Madrid y no en Barcelona, por qué poner las bombas en la red de trenes de cercanías y no en el suburbano, por qué utilizar a una docena de terroristas y no a cuatro o cinco, por qué no consumar el suicidio en la primera tentativa y por el contrario buscar una campaña lenta de desgaste y hostigamiento antes y después de las elecciones, algo impropio de las redes yihadistas que funcionan de manera autárquica y calculan sus golpes de forma autónoma; ese elemento criminal, el verdadero autor intelectual, sigue sin aparecer.
Tampoco la investigación judicial ha definido con precisión la fecha precisa en la que cobra fuerza la idea de atentar contra España y el momento concreto de activar los planes de ataque.Se maneja como referente orientativo el verano de 2003, estableciendo un nexo con la extraordinaria visibilidad que había adoptado el gabinete Aznar en la crisis que acabó con el derrocamiento del régimen de Sadam Husein. Sin embargo, se pasa por alto que, desde antes del inicio de la operación Libertad Iraquí, algunos de los yihadistas que perpetraron la masacre tenían la voluntad y la determinación, más pronto que tarde y con unos medios por definir, de vengar la caída de la célula madre de Al Qaeda en España, la red de Abu Dahdah desarticulada en sus elementos principales en noviembre de 2001 en el marco de la operación Dátil.
Las sombras se ciernen igualmente sobre el lugar desde el que se ordenó la matanza. El auto de procesamiento establece que existen probadas conexiones entre los yihadistas que conformaban una célula local en España con distintos dispositivos en Francia, Bélgica, Italia, Irak y Marruecos, pero, sorprendentemente, no se llega a concretar desde qué territorio se orquesta y supervisa la operación en cada una de sus etapas.
Tampoco está identificado de forma concluyente el ingeniero de la masacre, el hombre que dotó de sentido estratégico y forma operativa a los planes. Las alusiones a las funciones que desempeñaron marroquíes como Hassan el Haski o Youssef Belhadj, vinculados al Grupo Islámico Combatiente Marroquí, son extraordinariamente laxas; a Serhane El Tunecino se le adjudica un papel poco esclarecedor de motor o aglutinador, y más desconcertantes resultan las referencias tanto a Mustapha el Maymouni, el líder de Salafiya Yihadiya en prisión desde 2003, como a Rabei Osman El Egipcio, al que no hay uno solo de los yihadistas que han conocido su tránsito en los últimos años por suelo comunitario que le atribuyan la mínima capacidad intelectual para funcionar como instigador, inspirador, o controlador de una operación de las proporciones de la completada la mañana del 11 de marzo en Madrid.
Sorprende, finalmente, que se presente ante la opinión pública como cerrada e irrevocable la responsabilidad fáctica del atentado cuando, de entre la decena de autores materiales que colocaron las mochilas en los trenes, la investigación identifica a dos, en el caso del juez Del Olmo, y tres, en el caso de la fiscal Sánchez: al menos una decena de yihadistas, elementos descontrolados de terceras redes terroristas o delincuentes comunes pueden estar en libertad. (…)
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